La ley francesa contra el P2P declarada inconstitucional
Internet es un componente de la libertad de expresión y el consumo y en el derecho francés prevalece la presunción de inocencia. [...] Se ajusta a la ley imponer una sanción si se demuestra que existen descargas ilegales, pero el papel de la Alta Autoridad (Hadopi) es advertir y señalar sobre dichas descargas, no castigarlo, y solo un juez podrá determinar la sanción.
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El consejo constitucional francés, la autoridad constitucional más alta del país, ha censurado este miércoles la conocida como Ley Hadopi, que castiga las descargas ilegales y fue aprobada por la asamblea francesa el mes pasado. La parte censurada es aquella que señala que una autoridad administrativa puede cortar el acceso a la red; según el constitucional sólo un juez tiene la competencia para cortar la conexión a los internautas que hagan descargas ilegales.
Teniendo en cuenta que "Internet es un componente de la libertad de expresión y el consumo", y "en el derecho francés prevalece la presunción de inocencia", el Consejo recordó que "es de justicia imponer una sanción si se demuestra que existen las descargas ilegales." "El papel de la Alta Autoridad (Hadopi) es advertir las descargas que han sido descubiertas, pero no castigarlas".
El Consejo considera varios artículos de la ley como anticonstitucionales. "Estos poderes podrían recortar el derecho universal a expresarse y comunicarse libremente", ha señalado en un comunicado.
El Constitucional da así la razón al Partido Socialista francés, que presentó un recurso de inconstitucionalidad del texto legislativo, al considerar contrario a la Carta Magna que se corte el acceso a Internet de un cliente sin que haya una sentencia judicial que lo indique. Además consideraba que privar de conexión a un usuario vulnera el derecho fundamental a la educación.
"La decisión ha sido clara. El corazón de la ley ha sido cancelado, esto significa que Internet es un derecho", ha señalado Jean-Marc Ayrault, presidente de los socialistas franceses en el Congreso.
Una ley controvertida
La ley antipiratería, encaminada a frenar las descargas ilegales en la red, contempla dos avisos al infractor antes de cortarle la conexión. El primer mensaje informa al internauta y le aconseja abandonar la práctica por los riesgos que le puede comportar. Si persiste recibirá una carta certificada, y de continuar se le aplicará la sanción definitiva: cortarle Internet por un plazo que va desde un mes a un año.
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El Consejo Constitucional francés ha malogrado la ley antipiratería de Nicolas Sarkozy. Consideran sus nueve miembros, incluidos Giscard d'Estaing y Jacques Chirac, que el texto en cuestión vulnera la presunción de inocencia y cuestiona el derecho a la información.
La argumentación se parece bastante a la doctrina comunitaria. Como también lo hace el hecho de que el Consejo Constitucional haya discutido que una autoridad administrativa pueda atribuirse la prerrogativa de interrumpir del suministro de Internet a los consumidores.
De esta manera, la ley antipiratería deberá ajustarse a los criterios de constitucionalidad y perderá en el camino muchas de sus ambiciones. Empezando porque recaerá en el juez y no en la Autoridad gubernamental la decisión de valorar los casos de descargas de contenidos protegidos por derechos de autor y las eventuales sanciones.
El Consejo Constitucional justifica el veredicto, nada menos, en la defensa de la Declaración de los derechos del hombre de 1789. Naturalmente, no existía Internet entonces, pero los miembros del sanedrín constitucional invocan la libertad de expresión y de comunicación, así como anteponen el principio de la presunción de inocencia. Sosteniendo que la ley de Nicolas Sarkozy la vulnera y contraviene igualmente el derecho a informarse.
Es un varapalo al presidente francés y a los mosqueteros de su partido (UMP) que se han ocupado de ponerla en órbita durante un año. Pensaban haberlo conseguido el 13 de mayo después de toda clase de polémicas y contratiempos, pero el voto de censura de Giscard d'Estaing, Jacques Chirac y sus colegas del Consejo inhabilita los poderes de Hadopi.
El acrónimo (Alta Autoridad para la difusión y la protección de derechos en Internet) responde a la autoridad administrativa sobre la que recaían los mecanismos de penalización. Quedando claro que el usuario sorprendido en un acto de piratería se arriesgaba a permanecer desconectado entre dos meses y un año.
Dependía el castigo de la gravedad del sabotaje, aunque la nueva ley francesa también concedía al internauta un margen de cautela: toda suspensión de la línea sería efectiva a partir de la tercera advertencia.
La novedad que introduce el Constitucional radica en la presunción de inocencia de los usuarios de Internet —no se los puede condenar a priori— y en la legitimidad "incuestionable" del juez. Tendrán los magistrados que valorar a partir de ahora las novedades punitivas que entraña la ley, aunque el hecho de derivarse la piratería al control judicial sobreentiende, en la práctica, que los expedientes con denuncias van a ser muy superiores a la posibilidad de tratarlos.
Así se entiende la euforia que ha provocado la noticia en los acuartelamientos de la oposición francesa. No anda el socialismo transpirenaico demasiado rumboso después del desastre electoral del 7J, pero el revés de la ley antipiratería se recogía este miércoles con entusiasmo.
"Se ha dado razón a nuestro punto de vista", explicaba el diputado Christian Paul en nombre del Partido Socialista (que presentó un recurso de inconstitucionalidad). "Siempre hemos dicho que la ley era liberticida y que socavaba principios fundamentales: desde la libertad de información hasta la presunción de inocencia. Ahora Sarkozy tendrá que retractarse".
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