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En estos momentos siguen los ataques a todas las webs de partidos políticos
El PSOE fuerza el retraso de la votación de la 'ley Sinde' para conseguir el apoyo de CiU
Las exigencias de los nacionalistas catalanes al proyecto de Economía Sostenible dejan solo al Ejecutivo.- La ministra de Cultura defiende a pocas horas de la votación en el Congreso unas medidas "que no persiguen a los usuarios"
El PSOE ha forzado esta tarde el retraso de la votación de la ley Sinde mientras trata, a la desesperada, de convencer a CiU de dar su apoyo a la iniciativa. Se prevé que la votación se lleve a cabo a última hora de la tarde, tras la finalización del pleno.
Las negociaciones a contrarreloj se están produciendo después de que CiU, a través de su portavoz parlamentario Josep Sánchez Llibre, confirmara su predisposición a votar en contra de la ley de Economía Sostenible (LES) y por tanto, también en contra de la disposición adicional segunda, que permitiría cerrar páginas web por vulnerar derechos de propiedad intelectual.
Según ha explicado Sánchez Llibre minutos antes de la votación, no ha sido posible "configurar un pacto global" respecto la Ley de Economía Sostenible sobre todo en aspectos fiscales, financieros y económicos, que para CiU son "relevantes". "Al no poder configurar este pacto global, CiU ha decidido votar en contra de toda la ley de Economía Sostenible", ha declarado el portavoz de CiU, quien espera que en el trámite del Senado se llegue a un "consenso global". Para el portavoz de CiU esta ley es "confusa" y "dispersa" y es una "ley que no inspira confianza para levantar la economía española" y "no generará un clima de confianza económica". El PSOE ya ha perdido los siete votos del PNV que, junto con el PP, CC y ERC-IU-ICV, se ha mostrado opuesto a la ley.
El proyecto de Ley de Economía Sostenible es un texto que el Gobierno presentó hace más de un año con el anuncio de que pretendía ser la herramienta para combatir la crisis económica. El motivo de los apuros del Gobierno tiene que ver con un apartado del proyecto que regula la posibilidad de cerrar páginas webs que ofrecen gratis películas, músicas o partidos de fútbol sobre los que no disponen derechos. La normativa crea una comisión de Propiedad Intelectual que actuará para combatir la piratería, siempre previa autorización judicial.
"Solución de equilibrio"
Esta mañana, la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, ha pasado por los micrófonos de la Cadena Ser, donde ha reiterado que la polémica norma es una "solución de equilibrio" que se diferencia de otras medidas europeas "que persiguen a los usuarios". Sinde ha apelado a un consenso en la votación: "Espero que el buen criterio se imponga y que los grupos parlamentarios la apoyen".
La ministra de Cultura cree que la ley es "una verdadera reconversión industrial que está parada porque no existen leyes que favorezcan el desarrollo de ese mercado". "Para los ciudadanos despierta un enorme interés, ver cosas en la red es la forma favorita de consumo", ha dicho González-Sinde. "Cultura ve que el crecimiento es exponencial y hay que armonizarlo para que no se pierdan empleos, aunque haya cambios y aparezcan, por ejemplo, librerías on-line". "Los precios serán adecuados cuando haya suficiente oferta y competitividad. Cuando se puedan hacer negocios con garantías, eso hará que los precios bajen", ha recalcado la ministra.
La ministra ha precisado que se podría hablar de los precios de las tarifas telefónicas: "La cuestión es que aquí parece que sólo los trabajadores de la cultura son quienes tienen que pagar las facturas de las nuevas tecnologías, y eso no es así".
Las exigencias de CiU
CiU, el aliado con el que contaba el PSOE para sumar votos suficientes, se plantó ayer con cuatro exigencias mayores que el Gobierno no está dispuesto a asumir. CiU, que supuestamente apoyaba la normativa que permite cerrar páginas webs -al menos no habían presentado enmiendas a ese capítulo del proyecto- exigió ayer por la tarde como contrapartida para apoyar la iniciativa mejoras en otros apartados de la Ley de Economía Sostenible. Versaban sobre modernización de empresas, alternativas ante la supresión de la desgravación por compra de viviendas, la red de ferrocarriles y la política energética.
El PSOE, sorprendido, busca votos entre sus aliados habituales, pero es consciente de la dificultad que comporta, dado que nadie quiere asumir el apoyo a la ley Sinde, que ha desencadenado un rechazo social muy importante. El PNV ha planteado enmiendas a esa parte de la ley y alguno de sus diputados se ha mostrado muy beligerante contra la normativa que permite cerrar páginas web.
El Gobierno difundió ayer por la tarde un argumentario para consumo de los dirigentes socialistas sobre las ventajas de la ley antidescargas; daban por descontado que sería apoyada por CiU y podría salir adelante. El argumentario recuerda que la normativa establecía el cierre de páginas webs de descargas de archivos protegidos por derechos de autor, como música, películas, videojuegos o software, pero siempre bajo autorización judicial.
La normativa otorga a la Comisión de Propiedad Intelectual, el organismo administrativo dependiente del Ministerio de Cultura, la potestad de tramitar las denuncias y proponer el cierre o bloqueo de las webs. La tutela judicial seguirá a cargo de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, que deberá ejecutar o no la medida en el plazo máximo de cuatro días.
Protestas
Las protestas desencadenadas por la iniciativa entre colectivos de internautas ha dificultado el apoyo de los grupos parlamentarios a la ley del Gobierno, pues nadie quiere asumir el coste electoral que eso puede suponer. Al autocierre protagonizado el domingo por las principales páginas de enlaces como Seriesyonkis o Cinetube, le siguió ayer el llamamiento desde distintos foros para bloquear las páginas del Congreso de los Diputados y de partidos como PP, PNV, PSOE y CiU. Los diputados de estos grupos parlamentarios tuvieron problemas de acceso a sus ordenadores a partir de las seis de la tarde.
Más de 5.000 internautas se han sumado en las últimas 24 horas al manifiesto llamado "Si es legal, es legal" de Facua-Consumidores en Acción contra la ley Sinde, superando así las 35.000 firmas que han sido enviadas a los portavoces de la Comisión de Economía, para pedirles que "no aprueben una norma elaborada contra los intereses de los ciudadanos".
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